
Entre 2015 y 2024, ejercer el periodismo en Guatemala significó sobrevivir a la precariedad, enfrentar amenazas y, para muchas mujeres periodistas, resistir también la violencia de género. Informar desde territorios fuera de la capital implicó una doble lucha: narrar lo que ocurre y lograr que esas voces sean escuchadas desde regiones históricamente relegadas
En 2015, tras el estallido de “La Línea", el periodismo jugó un papel clave para sostener la democracia. Pero también quedó en evidencia el alto costo de informar. Desde 2018, con la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público y la salida de la CICIG, las investigaciones anticorrupción se desmoronaron y la persecución contra operadores de justicia, activistas y periodistas se hizo más evidente.
Este especial documenta una década de violencia y criminalización contra quienes informan en Guatemala. A partir de una investigación que abarca de enero de 2015 a diciembre de 2024, se construyeron dos bases de datos que a través de investigación documental y hemerográfica recopilan y analizan las principales expresiones de agresión y persecución contra la prensa. La investigación se complementó con solicitudes de acceso a datos públicos y una encuesta digital.
El análisis revela patrones persistentes y alarmantes de ataques —desde agresiones físicas hasta denuncias penales— que se repiten a lo largo de los diez años documentados.
Esta línea de tiempo recoge datos de los últimos diez años sobre las condiciones para ejercer el periodismo en Guatemala. Los registros permiten dimensionar esa realidad a través de las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, los casos de criminalización, donde periodistas han sido detenidos o perseguidos judicialmente por hacer su trabajo, y las agresiones que hemos documentado y sistematizado sobre ese período.
Cada dato da cuenta del riesgo y es también una prueba del intento por silenciar a la prensa.
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En la última década, la criminalización de periodistas fue una amenaza latente, pero desde 2021 se intensificó de forma alarmante. A partir de ese año, informar se convirtió en un acto de alto riesgo
Se registró un pico de incidentes durante 2021, y desde entonces se mantuvo elevado, en comparación con el 2020 y años anteriores.
Aunque la capital y algunas zonas con conflictos sociales concentran la mayoría de casos donde periodistas y comunicadores comunitarios han sido criminalizados con denuncias en su contra, el mapa revela algo más preocupante: la persecución contra periodistas no es aislada, se extiende por todo el país.
35 casos ocurrieron en el departamento de Guatemala. Le siguen en cantidad los departamentos de Sacatepéquez e Izabal.
Cada caso corresponde a un periodista criminalizado por un caso específico. Si un periodista fue acusado en dos casos diferentes, será contabilizado dos veces. Se desconoce la ubicación geográfica de cuatro casos.
Entre los cargos más frecuentes presentados contra periodistas están la violencia psicológica contra la mujer y obstaculización de la justicia. Estas acusaciones permiten abrir procesos judiciales que afectan su trabajo y su vida cotidiana, aún sin necesidad de una condena.
Se instrumentaliza con frecuencia el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, al igual que la obstaculización de la justicia. La difamación es, también, un delito reiterado.
Cada caso corresponde a un periodistas criminalizado por un caso específico. Si un periodista fue acusado en dos casos diferenes, será contabilizado dos veces.
Ante la creciente criminalización y amenazas, varios periodistas han optado por el exilio y el desplazamiento interno para proteger su integridad y continuar su labor desde la distancia. Esta salida forzada refleja la gravedad de la crisis de libertad de expresión en el país y el alto costo de informar.
La mayoría de personas se han quedado en el país, pero 16 periodistas se han exiliado. 11 de ellos continúan en el exterior.
Si un periodista fue acusado en dos casos diferentes, será contabilizado dos veces.
Desde su creación en 2015, la Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha recibido cientos de denuncias. Sin embargo, su capacidad de respuesta ha sido limitada. Esta sección recopila los casos registrados ante el Ministerio Público entre 2015 y 2024 y evidencia cómo la impunidad y la falta de resultados también alimentan el riesgo de informar en Guatemala.
Aunque los periodistas denuncian agresiones, intimidaciones y otras formas de violencia, el Ministerio Público opta mayoritariamente por cerrar los casos. Esta infografía muestra el destino de esas denuncias.
El MP desestima o archiva la mitad de los casos donde periodistas fueron vulnerados, más de dos de cada diez están en investigación aún cuando el caso lleva años. Solo 4% de los casos llega a sentencia.
Cada caso corresponde a un periodista agraviado.
El ejercicio periodístico continúa siendo una profesión de riesgo. Este gráfico resume los delitos más denunciados ante el MP, destacando los patrones más comunes.
Número de denuncias en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas entre 2014 y 2025.
Datos del Ministerio Público. Algunos delitos fueron agrupados en categorías más generales.
Ser periodista en Guatemala es una labor de riesgo. Para las mujeres, el desafío se duplica: además de las agresiones comunes a la profesión, enfrentan violencias marcadas por su género. Aquí se detallan los delitos contra ellas que han sido más reportados.
Algunos delitos fueron agrupados, "Lesiones" incluye lesiones graves, leves y culposas. Robo y hurto incluye delitos agravados y robo de terminales móviles.
Más allá de las salas judiciales, el periodismo en Guatemala se ejerce entre amenazas, agresiones físicas y digitales, hostigamiento verbal y abuso de autoridad. Este apartado sistematiza una década de violencia sostenida que rara vez llega a portada, pero que marca el día a día de quienes insisten en informar. Los datos revelan picos de agresiones en 2017 y 2021, con un 40% de los ataques ocurridos por vías digitales. Aunque la capital concentra la mayoría de casos, municipios como Mazatenango, El Estor, Puerto Barrios y Joyabaj también figuran entre los más peligrosos para ejercer el oficio. En el 36% de los ataques no se identifica agresor, pero en la mayoría de los casos sí se conoce un patrón: el Estado. Policías, fiscales, jueces y cuentas anónimas en redes son los principales responsables.
La violencia contra periodistas se multiplica y se transforma. En el entorno digital aumentan los ataques, mientras en departamentos como Guatemala y Suchitepéquez persisten las agresiones cara a cara.
Si un periodista fue agredido más de una vez, se contará cada agresión.
Los delitos contra el honor, como la calumnia y la difamación, encabezan los ataques más frecuentes contra periodistas, seguidos por la violencia física y las amenazas. Esta clasificación se basa en un monitoreo propio que incluye también casos anteriores a 2015.
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En la mayoría de casos, quienes agreden a periodistas permanecen en el anonimato. Entre los responsables identificados, figuran desde perfiles anónimos hasta agentes de la Policía Nacional Civil y otros actores estatales y particulares.
Para esta investigación se empleó una metodología mixta que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas. A través de una revisión hemerográfica y documental, se sistematizaron denuncias presentadas por periodistas, organizaciones de derechos humanos y entidades dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, relacionadas con delitos o vulneraciones ocurridas en el ejercicio periodístico. También se sistematizaron procesos judiciales vinculados a criminalización e impunidad contra periodistas. Esto se complementó con una solicitud de acceso a la información pública hecha al Ministerio Público sobre casos en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, y una encuesta digital dirigida a periodistas, que fue respondida por 79 personas de al menos 29 medios de comunicación ( televisión, radio, prensa escrita, tanto de medios digitales como tradicionales).
Si deseas una copia de la base de datos, puedes solicitarla a través de los siguientes medios:
Correo: info@plazapublica.com.gt
Teléfono:2426-2644